Esta investigación analiza la (Sentencia No. 67-23-IN/24, 2024) de la Corte Constitucional del Ecuador, que despenalizó la eutanasia activa en ciertos casos, y su impacto en el principio de legalidad. El Art.144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el homicidio simple y protege la inviolabilidad de la vida. Sin embargo, la Corte, al reinterpretar esta norma para permitir la eutanasia bajo determinadas condiciones, ha creado una excepción que vulnera el principio de legalidad, el cual establece que las conductas delictivas deben estar claramente definidas por la ley y no sujetas a interpretaciones extensivas. La investigación destaca que la Corte confundió la inviolabilidad de la vida con la calidad de vida, relativizando el concepto de vida como un bien jurídico absoluto. Al despenalizar el homicidio en casos de eutanasia, la Corte también excedió sus competencias constitucionales al asumir un rol legislativo, generando un conflicto en la separación de poderes y comprometiendo la coherencia interna del sistema penal. Se concluye que esta decisión judicial no solo altera el tipo penal de homicidio, sino que crea una peligrosa ambigüedad en la aplicación del derecho penal ecuatoriano.

La inteligencia artificial (IA) representa una herramienta transformadora en la educación, capaz de mejorar significativamente la calidad del aprendizaje y fomentar la equidad. Sin embargo, su implementación plantea desafíos constitucionales en Ecuador, particularmente en la regulación de su uso. Este artículo analiza el rol del Estado ecuatoriano en regular la IA en el ámbito educativo y su impacto en la economía del conocimiento. Mediante un enfoque cualitativo y el análisis de la normativa vigente, se identifican vacíos legales que pueden comprometer el acceso equitativo a oportunidades educativas. Además, los resultados destacan que políticas inclusivas sobre la IA no solo garantizarían derechos constitucionales, sino que también promoverían el desarrollo económico del país. Este estudio interdisciplinario contribuye al debate sobre la interacción entre derecho, tecnología y economía, proponiendo una regulación que beneficie a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana.

Los derechos humanos son importantes para todas las comunidades, pero son especialmente significativos para las comunidades indígenas, donde los pueblos indígenas a través del tiempo han sufrido una discriminación y el no goce de los derechos constitucionales en los diferentes países del mundo donde existe un grupo determinado o una cultura existente. El objetivo del presente artículo es identificar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. La presente investigación se desarrolló con un enfoque bibliográfico descriptivo de corte analítico a partir de revisión de literatura. Como resultado existe que a partir de la lucha de organismos internacionales y nacionales se promueve los derechos constitucionales en el Ecuador, de los pueblos indígenas apoyados por la Carta Maga vigente dl 2008. Como conclusión en el Ecuador existen leyes vigentes que amparan los derechos de los indígenas, al establecer que el país es plurinacional y pluricultural, donde establece que todos los ecuatorianos gozan de los mismos deberes y derechos constitucionales, en este momento los indígenas son reconocidos como un pueblo con su naturaleza, etnia y rasgos propios en cualquier parte del país, gozan de los mismos beneficios y de las mismas obligaciones que cualquier persona ecuatoriana.

El presente artículo expone los resultados del proyecto Vinculación comunitaria implementado por estudiantes de la carrera Derecho, en modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro, orientado a reducir los índices de violencia intrafamiliar contra la mujer y fortalecer la igualdad de género en la comunidad beneficiaria. El proyecto combinó estrategias de educación, sensibilización, talleres prácticos y transferencia de conocimientos legales y psicosociales, con énfasis en la prevención y protección de derechos. La evaluación se realizó mediante encuestas iniciales y finales, entrevistas, observación directa y análisis de indicadores de participación. Los resultados evidencian un incremento significativo en el conocimiento sobre derechos de las mujeres, cambios positivos en actitudes hacia la violencia intrafamiliar y un fortalecimiento del empoderamiento de las beneficiarias.

La investigación aborda la problemática jurídica en Ecuador sobre la prisión preventiva y el control de convencionalidad, tomando como base la Sentencia No. 8-20-CN/21 de la Corte Constitucional. Este fallo declaró inconstitucional la prohibición de sustituir la prisión preventiva en delitos sancionados con penas superiores a cinco años, resaltando que dicha medida debe aplicarse de manera excepcional, conforme a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad. A través de un enfoque cualitativo, se analiza la compatibilidad del marco normativo ecuatoriano con los estándares internacionales, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La investigación revela que la prisión preventiva en Ecuador ha sido utilizada de manera generalizada, vulnerando derechos fundamentales como la libertad personal y el derecho a un juicio justo. Además, se observa que los jueces no aplican de forma efectiva el control de convencionalidad en la revisión de las medidas cautelares, lo que conlleva a un uso prolongado y desproporcionado de la prisión preventiva. En conclusión, se destaca la necesidad de reformar el marco legal para asegurar que la prisión preventiva sea una medida de último recurso, garantizando que no se convierta en una pena anticipada. El estudio sugiere que una adecuada implementación del control de convencionalidad es esencial para equilibrar la seguridad pública con los derechos humanos