This paper examines the implementation status of sustainable development goals (SDG) in Spain and explores the extent to which the country will be able to meet European standards in sustainability by the year 2030 within the current regulation and praxis. Based on data retrieved from official statistics supplied by Eurostat for a set of indicators useful to monitor the goals our calculations prognosticate whether Spain will reach the European Union average values. The display of each relevant indicator is provided, as well as discussion on their evolution and some recommendations for an effective implementation of SDG on the mid-term, notwithstanding the peculiar political and socio-economic situation in the country. The study proves that Spain needs to adopt urgent regulatory measures and public policies in order to fulfill its commitment to the 2030 Agenda. Otherwise, if the ongoing trend continues, most of the Spanish indicators will not reach the European average values in the overwhelming majority of the goals, including areas as relevant as the struggle for education or environment.

El trabajo pretende llamar la atención sobre un fenómeno en auge en ordenamientos de nuestro entorno y que aún no ha recibido en España atención suficiente, la llamada burocracia defensiva. A partir de un análisis de lege data y de la revisión de literatura científica y jurisprudencia se presentan, con diversos antecedentes comparados, diferentes manifestaciones de la existencia de rutinas defensivas de autoprotección laboral en la Administración española y se analiza cómo la digitalización auspicia nuevos reductos de atrincheramiento frente a la ciudadanía. La perspectiva de análisis es esencialmente jurídica, aunque se concluye que abordar el síntoma de mala administración que supone un sector público a la defensiva requiere de enfoques interdisciplinares. En particular, es esencial tener en cuenta las percepciones de los empleados públicos, la motivación y la cultura de servicio público. Junto a ello, las cuestiones estrictamente legales, sobre todo las que tienen que ver con la tolerancia del sistema público al error no doloso, también juegan un papel determinante.

En los actuales tiempos de crisis globalizada es esencial plantear la organiza­ción administrativa en términos de eficiencia, eficacia y racionalidad. Redi­mensionar el sector público es prioritario, y para ello se busca una ingeniería organizativa capaz de optimizar el control del gasto y la prestación de servi­cios esenciales. Este trabajo analiza el potencial de la forma de agencia para ello, en particular desde la perspectiva de las agencias estatales españolas. El estudio comienza prestando atención al fenómeno polimórfico y polisémico de la agencia en abstracto, con una perspectiva de derecho comparado, para pasar después a analizar el bagaje concreto de las agencias estatales en España y su situación presente y futura.

Entesa la justícia administrativa en un sentit ampli, que s’encadena directament amb el sotmetiment a control, no només judicial, de l’activitat de l’Administració, aquest treball proposa revisitar les tècniques que serveixen alhora com a garantia del seu bon funcionament i per a la tutela de drets i interessos ciutadans; precisament des del prisma d’una visió renovada de la participació social. Es repassen els diferents instruments de control, les seves crítiques i propostes recurrents de reforma, parant atenció a aquest doble aspecte, objectiu (aparell) i subjectiu (persones), tant ad extra (actuació administrativa/ciutadania) com ad intra (funcionament/ocupació pública). El treball no aspira a esgotar tots els reptes pendents que planteja el tema, només busca cridar l’atenció sobre nous enfocaments, donat que, malgrat tot el que s’ha escrit i estudiat ja, el control sobre l’Administració segueix requerint atenció.

La acción pública francesa en materia de vivienda ha sido una constante legislativa en los últimos tiempos, y su último episodio es la llamada Ley ELAN. Lo que aquí se pretende analizar es la génesis, alcance y contenido de la primera parte de su artículo 64, que dispone, con el fin de reducir los costes de construcción, que sólo el 20 % de los inmuebles de viviendas tendrán que ser accesibles para personas con discapacidad. El resto bastará con que sean alojamientos “evolutivos”, que permitan en su caso alcanzar la accesibilidad a través de obras sencillas. La medida parece claramente regresiva y plantea para su aplicación toda una serie de interrogantes de interés que se tratarán de presentar. Se abordará de forma crítica el impacto de este precepto, analizando su tramitación parlamentaria, particularmente agitada, y su posterior validación por el Consejo Constitucional.

Jurisprudencia ambiental en Asturias (Segundo semestre 2020)