La salud mental, especialmente en las juventudes, ha cobrado una visibilidad pública sin precedentes ante el incremento de los padecimientos psíquicos tras la pandemia de COVID-19. En Argentina y en la provincia de San Luis, este fenómeno se inscribe en un escenario atravesado por la precarización socioeconómica, la reconfiguración digital y la retracción de los soportes estatales. Desde un enfoque cualitativo y analítico-documental, este artículo analiza, bajo una perspectiva crítica de la complejidad, las fortalezas y debilidades de la política social de salud mental en la provincia de San Luis, visibilizando la incidencia de las determinaciones sociales, políticas, económicas y culturales en la producción del malestar subjetivo. Puntualmente, se examina la tensión entre la Ley Provincial Nº I-0536 (2006) referida a la desinstitucionalización y la falta de adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (2010), identificando logros históricos y vacíos en la creación de dispositivos comunitarios intermedios. Se concluye señalando la necesidad de superar la patologización del sufrimiento mediante abordajes territoriales, intersectoriales e interdisciplinarios centrados en el paradigma de los derechos humanos.