While Chile's partial decriminalization of abortion in 2017 was a long overdue recognition of women's sexual and reproductive rights, nearly four years later the caseload remains well below expectations. This pattern is the product of standing barriers in access to abortion‐related health services, especially at the primary care point of entry. This study seeks to identify and describe these barriers. The findings presented here were obtained through a qualitative, exploratory study based on 19 semi‐structured interviews with relevant actors identified through non‐random sampling and snowballing techniques. Coding was inductive and complemented by semantic content analysis. The authors find that the key barriers in primary care to accessing legal abortion are unfamiliarity with the law, insufficient practitioner training, intersectoral discrimination, and the stigma surrounding abortion. They conclude that the government needs to exercise its constitutional mandate as guarantor of public health and act promptly to safeguard and guarantee the abortion rights of Chilean women.
This study considers the insight of 299 professionals from different Right Protection Offices (RPO), distributed in the Chilean territory. It reflects the quality of children´s participation in the childhood local policy using some children participation criteria, established by “Save the Children”. The results, allow the RPO offices, to describe the different efforts to assume responsibility for right promotion spaces, besides to report on characteristics shown by children participation in the local context. Este estudio recoge la percepción de 299 profesionales de las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), distribuidas a lo largo de Chile, acerca de la calidad de la participación infantil en la política local de infancia utilizando algunos criterios de calidad de participación infantil establecidos por “Save the Children”. Los resultados permiten describir los diferentes esfuerzos de las OPD por asumir espacios de promoción de derechos, además de dar cuenta de las características que asume la participación infantil en el espacio local, donde el mayor desafío radica en hacer efectivo el derecho a la autonomía progresiva.
Este artículo presenta los resultados de una investigación cualitativa que indaga sobre la implementación de la ley de interrupción del embarazo que despenalizó el aborto en tres causales específicas en Chile en 2017 (Ley 21.030) y el rol que la atención primaria de salud (APS) en la Región Metropolitana de Chile. Se realizaron 19 entrevistas a personal de la salud de la APS y del nivel secundario de atención en la Región Metropolitana además de dos personas del Ministerio de Salud. El cambio de régimen de penalización total a uno de despenalización por causales exige capacitación a los equipos de salud e información a la población. Los hallazgos revelan que la falta de información y capacitación formal al personal sanitario constituye un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las mujeres que otorga la ley, produciéndose un efecto cascada, en que las mujeres no cuentan con la información suficiente para ejercer sus derechos. A ello se suma, una disposición en la ley que produce confusión entre profesionales sobre publicidad e información sobre los servicios. Se analizan los resultados a partir de estándares normativos nacionales e internacionales respecto a la obligación de informar, y el derecho a ser informado en contexto de prestaciones sanitarias relativas al aborto.
La Ley 21.030 de 2017 despenalizó la interrupción del embarazo en tres situaciones o causales específi cas en Chile luego de su prohibición total desde fi nales de 1989. El aborto como práctica y atención en salud está acompañado por resistencias culturales y desaprobación para quienes lo realizan y para quienes se someten al pro-cedimiento. Este trabajo cualitativo exploratorio indaga sobre la implementación de la Ley en la atención primaria de salud (APS), a fi n de identifi car debilidades y fortalezas en el acceso al aborto, especialmente desde una perspectiva interseccional. Se realiza-ron 19 entrevistas semiestructuradas a profesionales de niveles primario y secundario de atención en salud de la Región Metropolitana de Chile. Las barreras de acceso a un aborto legal son múltiples, en especial falta de información a las usuarias e insufi ciente información y capacitación al personal de salud. La calidad de la atención que recibe la mujer gestante está infl uenciada por características en que se entrecruzan condición socioeconómica, educacional, migratoria, lingüística y otras para producir una discri-minación interseccional. El estudio resalta la necesidad de incluir en los servicios y políticas de salud un enfoque interseccional que garantice los derechos de las usuarias del sistema de salud pública