El artículo analiza el efecto de la inteligencia artificial en la contratación inteligente y la protección de datos personales y argumenta que la automatización mediante smart contracts plantea desafíos regulatorios, ante la falta de un marco normativo adecuado para garantizar la privacidad y la seguridad jurídica en Latinoamérica. A través de un análisis comparado de los marcos normativos de Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y la Unión Europea, se identifican avances y vacíos en la regulación de estas tecnologías, y se destaca que, aunque algunos países han reconocido la validez jurídica de los contratos inteligentes, la protección de los datos almacenados en blockchains sigue siendo un reto. Asimismo, se aborda el concepto de lex criptográfica como un sistema de autorregulación basado en la descentralización tecnológica, lo que genera tensiones con principios tradicionales del derecho. El artículo concluye que la creciente automatización contractual exige una actualización normativa que armonice la eficiencia tecnológica con la protección de los derechos fundamentales, y propone el desarrollo de un marco regulador que garantice la seguridad jurídica, la transparencia en el tratamiento de datos y la responsabilidad en la toma de decisiones automatizadas, conforme a los estándares internacionales y europeos de protección de datos.
El estudio examina la integración de la inteligencia artificial (ia), especialmente mediante a herramienta ChatGPT-4o, en la formación jurídica, con el fin de evaluar su impacto sobre la integridad académica, las habilidades analíticas y el desarrollo ético de estudiantes de derecho. Basado en una revisión de treinta estudios recientes (2022-2024), se realizó una experimentación práctica generando resúmenes críticos de sentencias del Tribunal Constitucional del Perú con ChatGPT-4o, sometiéndolos a evaluaciones de originalidad mediante Turnitin y ChatGPTZero. Los resultados evidencian que la ia puede mejorar la alfabetización digital, ofrecer aprendizaje personalizado y proporcionar retroalimentación precisa y coherente similar al estilo humano. Sin embargo, también se identifican riesgos relacionados con la integridad académica, lo que incluye plagio, suplantación de autoría y uso inapropiado en tareas académicas. Se concluye la necesidad de implementar controles efectivos, políticas claras y marcos éticos idóneos, además de capacitar a estudiantes y docentes en competencias éticas y técnicas específicas para maximizar los beneficios educativos de la ia y mitigar sus riesgos éticos y académicos.
30 June 2026 in Revista Oficial del Poder Judicial. Revista de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú
El presente estudio examina la protección de los datos personales de niños, niñas y adolescentes en las sentencias casatorias emitidas por la Corte Suprema de Justicia del Perú y publicadas en el Diario Oficial El Peruano entre enero de 2022 y diciembre de 2024. Fueron seleccionadas diez sentencias que se refieren a una o más personas por las letras iniciales de sus nombres. La metodología adoptada fue de enfoque cualitativo, con análisis documental y codificación temática. Se examinaron seis dimensiones: materia del proceso, precisión del anonimato, uso de prenombres, mención de progenitores, direcciones domiciliarias y otros datos contextuales. Los hallazgos evidencian que la protección de la identidad es irregular y muchas veces insuficiente, con casos en los que se revelan nombres completos, domicilios o instituciones vinculadas a los menores. El marco teórico articula los principios normativos nacionales e internacionales sobre protección de datos y derechos de la infancia, con énfasis en la colisión entre transparencia judicial y la protección de la intimidad. Debido a que la publicación de las sentencias es obligatoria, incluso cuando no constituyen precedente judicial, existe la necesidad de reforzar los estándares de anonimato. Se proponen cinco estándares reforzados de confidencialidad en la publicación de sentencias vincula- das con niñas, niños y adolescentes: (i) desidentificación plena de toda información directa o indirectamente trazable, incluyendo datos familia- res, educativos o contextuales; (ii) aplicación uniforme de la reserva en cualquier tipo de proceso judicial; (iii) mantenimiento de la protección incluso después de alcanzada la mayoría de edad, cuando los hechos ocurrieron durante la niñez o la adolescencia; (iv) implementación de un doble control institucional, judicial y editorial, antes de la difusión oficial de la sentencia; y (v) exigencia de motivación reforzada, que obligue a justificar expresamente la compatibilidad entre publicidad judicial y protección de la identidad de las personas menores de edad.
1 September 2026 in Revista de Direito Econômico e Socioambiental
Resumen: El artículo tiene como objetivo analizar las relaciones entre el greenwashing y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) a partir de una revisión sistemática de estudios empíricos publicados en los últimos años en América Latina y Europa. Para ello, se han construido dos matrices de análisis: la primera se centra en el vínculo entre greenwashing y los ODS específicos que se ven más comprometidos por esta práctica; la segunda examina las dimensiones políticas, regulatorias y culturales que inciden en su reproducción o contención. Ambas matrices han sido elaboradas a partir del vaciado analítico de investigaciones recientes que abordan la temática desde distintas perspectivas disciplinares. La metodología de trabajo es de base cuantitativa para el filtrado inicial de los estudios y cualitativa para el análisis interpretativo, valiéndose de los métodos descriptivo y comparativo y de las técnicas de investigación bibliográfica y documental. Como resultado, notase que el greenwashing constituye una distorsión estructural de los ODS, al permitir que las lógicas reputacionales sustituyan el cumplimiento material de sus metas, práctica respaldada por la opacidad en la gobernanza corporativa y la ausencia de mecanismos de verificación independientes que erosiona la legitimidad de la sostenibilidad como principio rector.
Este artículo examina la suficiencia del régimen colombiano de protección al consumidor para salvaguardar la autonomía contractual frente a los contratos wrap en entornos digitales Business to Consumer (B2C). La expansión de la contratación electrónica masiva ha intensificado las asimetrías estructurales propias de los contratos de adhesión, poniendo en tensión los postulados clásicos del derecho contractual, en particular, la autonomía de la voluntad y el consentimiento informado. A partir de un enfoque jurídico-dogmático y comparado, el estudio analiza los estándares normativos y jurisprudenciales desarrollados en la Unión Europea, España, Argentina y Estados Unidos, con el fin de evaluar si el ordenamiento colombiano ofrece una tutela adecuada frente a estas modalidades contractuales. Por último, el trabajo concluye que el marco normativo vigente presenta déficits estructurales para proteger de manera efectiva al consumidor digital, lo que justifica la adopción de criterios normativos mínimos y específicos para la contratación electrónica, así como la necesidad de avanzar hacia enfoques regionales coordinados que superen respuestas nacionales fragmentadas frente a prácticas contractuales digitales de alcance transfronterizo.
8 January 2025 in IDP. Revista de Internet, Derecho y Política
Este artículo aborda la interacción entre la tecnología blockchain, los oráculos y el derecho privado; se centra en la responsabilidad civil de los oráculos, que proporcionan datos esenciales para los contratos inteligentes. Asimismo, destaca los desafíos de precisión y manipulación de información, con énfasis en la necesidad de regulaciones adaptativas para proteger los intereses involucrados y promover una integración tecnológica justa. Los tópicos abordados son: el problema del oráculo de blockchain, los desafíos de su centralización, los riesgos de errores del oráculo, el aprovechamiento malicioso del sistema y el riesgo de colusión. El estudio resalta también la importancia de una colaboración estrecha entre juristas y tecnólogos para crear un marco legal que afronte eficazmente los dilemas legales y éticos emergentes en la era digital.