Despite recent efforts in Peru to boost financial inclusion, significant issues of exclusion persist, especially among vulnerable groups. This article aims to identify and analyze areas at risk of financial exclusion using a multifaceted methodology: the Financial Access Survey (FAS) for comparative analysis (Peru versus other countries and regions), geographical-distribution analysis, and the Access to Cash Index (ACI) methodology. Findings reveal that remote rural areas of Peru, particularly those inland, as well as mountainous or jungle regions, face higher risks of financial exclusion due to low digital literacy, limited digital banking usage, sparse branch and ATM networks, and inadequate transportation infrastructure. These insights can inform targeted public policies to enhance financial inclusion in Peru, as well as the development.

El binomio sostenibilidad–educación en derechos humanos constituye un eje clave para repensar el compromiso social de las universidades en el contexto de la Agenda 2030. Aunque en los últimos años numerosas instituciones de educación superior han incorporado estrategias vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la integración de los Derechos Humanos como dimensión estructural de la sostenibilidad sigue siendo difusa. El presente artículo analiza de forma comparativa cómo cinco universidades españolas —seleccionadas por su desempeño en rankings como THE Impact Rankings y su pertenencia a redes de sostenibilidad— articulan la educación en Derechos Humanos (EDH) en sus políticas institucionales y acciones formativas. Se adopta una metodología cualitativa de carácter exploratorio, basada en el análisis documental de fuentes institucionales públicas: planes estratégicos, memorias de sostenibilidad, informes ODS, planes de igualdad y guías docentes. Se establecieron cinco categorías analíticas: presencia explícita de los derechos humanos, integración curricular de la EDH, existencia de estructuras institucionales específicas, articulación ética de los ODS y desarrollo de prácticas inspiradoras. Los resultados revelan un compromiso creciente con la sostenibilidad, aunque la EDH aún aparece de forma desigual, generalmente vinculada a unidades específicas o áreas de cooperación. Si bien se observan buenas prácticas como observatorios de diversidad o memorias con enfoque social, estas no siempre están sistematizadas ni evaluadas desde un enfoque de derechos.

El artículo explora el problema de la escasa participación juvenil en el cooperativismo guatemalteco y cómo esta situación limita la capacidad de las cooperativas para innovar, digitalizarse y contribuir al desarrollo económico inclusivo. La investigación se basa en una metodología mixta que combina 395 encuestas estructuradas, dirigidas a analizar aspectos como la digitalización, las barreras y las oportunidades dentro del cooperativismo; junto con 11 entrevistas en profundidad con líderes y jóvenes cooperativistas para profundizar en sus percepciones y expectativas. Se complementa con un modelo logit binario y una prueba χ² que contrastan la relación entre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la participación juvenil activa. Los resultados muestran que, aunque las cooperativas son percibidas como instrumentos para el desarrollo comunitario, la juventud se siente desconectada de ellas debido a su imagen tradicional y a la falta de programas de capacitación y oportunidades en zonas rurales. La falta de conocimiento sobre el modelo cooperativo y sus beneficios constituye una barrera importante para la inclusión de los jóvenes. Sin embargo, se observa que aquellas cooperativas que han aplicado tecnologías digitales son capaces de atraer más talento joven, subrayando la importancia de la digitalización en la modernización del sector cooperativo. La transformación digital se muestra como un elemento esencial que ayuda a incrementar la participación juvenil en la cooperativa. El estudio concluye que es fundamental desarrollar estrategias de formación y digitalización para fomentar la inclusión juvenil. Propuestas como la puesta en marcha de programas de capacitación, incentivos específicos, becas, intercambios escolares y bolsas de empleo tienen el potencial de captar el interés de los jóvenes. Estas iniciativas, además de fortalecer el cooperativismo, también pueden convertirlo en un motor de empleo juvenil y desarrollo económico inclusivo en Guatemala, contribuyendo a reducir el desempleo juvenil y a promover un crecimiento económico más equitativo.